El fútbol español y el deporte en general necesitaba una muestra gubernamental tajante para evitar que los clubes sigan actuando en la irregularidad fiscal o en una nube económica sin suelo.  Este jueves llegó la confirmación de la reforma de la Ley Concursal. Porque el Congreso de los Diputados da vía libre a la modificación que impedirá a los clubes en suspensión de pagos eludir un descenso de categoría a causa de sus deudas. Eso ocurrirá esta misma temporada, a partir de julio de 2012, por lo que la Ley Concursal ya no será un escudo para aquellos clubes que traten de evitar un descenso por la vía federativa.

Es un cambio muy importante que podría alterar la propia estructura de las competiciones, tal y como se conocía. Porque hasta ahora las SAD que han estado en  un procedimiento concursal habían logrado esquivar el drama de un descenso en los despachos por no pagar las deudas pendientes con la Seguridad Social, o las propias obligaciones con los deportistas o acreedores. Detrás de todo ello están los fallos emitidos por el entonces Magistrado Juan José Cobo Plana que en el proceso concursal de la UD Las Palmas hizo prevalecer el criterio de que las sanciones federativas dañaban los activos o patrimonio de las entidades concursadas. La amplitud de este concepto hizo que más tarde algunos clubes ajustaran esta protección en el asunto de los descensos federativos por morosidad.

Esta práctica iba en aumento en los últimos años y algunos clubes de fútbol y de otros deportes se acogieron a la Ley Concursal como recurso extremo, con carácter voluntario, para asegurar su permanencia en la categoría a pesar de las deudas que les atenazaban.

En opinión de muchas entidades, entre ellas la propia UD Las Palmas, esta dinámica convertía la Ley Concursal en una herramienta desleal para la igualdad en las competiciones.

LAS RAZONES GUBERNAMENTALES

Para romper con esa dinámica, el Gobierno incluyó en su proyecto de reforma de la Ley Concursal una disposición adicional para dejar claro que la sujeción al procedimiento concursal "en todo caso no impedirá la aplicación de las disposiciones con rango de ley reguladoras de la participación en la competición". Según el Gobierno, con esta reforma se pretende evitar el "uso indeseado o abusivo de ciertos instrumentos previstos en la Ley Concursal y se garantiza la estabilidad e igualdad en las competiciones deportivas. Y se pone fin a interferencias indeseables de algunas entidades que comprometen la competición en su conjunto y a los potenciales competidores".

El PP presentó una enmienda con el objetivo de mantener la situación actual. Lo hizo con el argumento de que se pone en juego la supervivencia de los clubes declarados en concurso de acreedores pues les obligaría a perder "todos los ingresos derivados de taquillas, abonos, derechos televisivos, patrocinios institucionales, contratos o derechos de imagen". Además, los populares entienden que "se cercena la posibilidad de futuros traspasos".

Para llegar a un acuerdo, el PSOE ofreció dejar que sea el Gobierno el que, en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma, presentase un proyecto de ley específico sobre las peculiaridades de los clubes deportivos en fase concursal, sin renunciar mientras tanto al objetivo del Ejecutivo de permitir que estos equipos puedan descender de categoría en caso de impagos.

El acuerdo con el Congreso se fraguó en julio pasado y se ratificó sin cambios en el Senado hace una semana. Este jueves ha llegado la aprobación definitiva de la reforma, cuyos efectos se verán el 31 de julio de 2012.