Vuelve a producirse la máxima distancia entre Manuel García Navarro y UD Las Palmas, que regresaron este jueves al Juzgado de Lo Mercantil para celebrar el juicio por una de las demandas interpuestas por el que fuera presidente de la entidad amarilla hasta el proceso concursal. A la cita acudieron, además del propio García Navarro, el presidente Miguel Ángel Ramírez y el vicepresidente Nicolás Ortega, para defender la limpieza de las juntas de accionistas convocadas por Pío XII (desde junio de 2010) y que son reclamadas ante el juez como nulas.

Todo ello sucede después de que fracasaran las negociaciones extrajudiciales auspiciadas en su origen por el ex consejero Rafael León Talavera y que hicieron correr de manera estéril ríos de tinta. Se reanuda el litigio así que sigue impidiendo a la entidad grancanaria cerrar el proceso concursal mientras no aparecen otras vías de solución.

"Entendemos que esta demanda que ha presentado (García Navarro) tiene un efecto disuasorio: Si me pagas, la retiro". Esa fue una de las conclusiones expresadas por el letrado de la UD Las Palmas, Mario Ghosn, ante el juez Alberto López Villarrubia, en el transcurso de su última intervención y tras dos horas de una farragosa vista en la que se ventilaba la reclamación del ex presidente que pretende anular la junta general extraordinaria de la UD Las Palmas de 28 de junio de 2010 y, por inercia, vaciar de contenido todos los acuerdos posteriores adoptados bajo la presidencia de Miguel Ángel Ramírez.

El juez López Villarrubia, al fondo; escoltan a los abogados las procuradoras Alicia Marrero Pulido y María del Pilar Márquez Andino, de la UD Las Palmas y García Navarro respectivamente (BP)

RUPTURA OTRA VEZ
La trascendencia de este acto en el Juzgado de Lo Mercantil quizá sea otra: el comprobarse que todos los puentes tendidos durante meses para solucionar las discrepancias entre el club y el ex presidente han desaparecido y que en el futuro espera a la entidad un nuevo fango judicial que ralentizará la posibilidad de resolver su concurso de acreedores en un periodo próximo. "Siento vergüenza de lo que he visto hoy", nos expresaban al unísono al término de la sesión Miguel Ángel Ramírez y su vicepresidente Nicolás Ortega, apesadumbrados al volver a la misma sala donde hace más de siete años se inició este eterno proceso.

Los dos dirigentes amarillos actuaron como testigos en la vista. También García Navarro quien, ante las preguntas de Ghosn, llegó a explicar al juez que el procedimiento de confección de las juntas generales de accionistas que él impugna era el mismo que se aplicaba bajo su presidencia. Es decir: una mesa en el Colegio Salesianos donde los accionistas presentaban su acreditación para la junta (debidamente cumplimentada en la sede social del club), la posterior ratificación del secretario del consejo y la lectura de cada uno de los presentes al acto. Así fue en 1992, cuando la UD se convirtió en SAD, y así es en 2011, en su última sesión.

El nuevo abogado del ex presidente, Juan José Zaldívar, expuso que el objeto de la demanda era demostrar la que se interpreta incorrecta confección de la lista de accionistas con derecho a estar presentes en las juntas generales del club desde ese 28 de junio de 2010 "al no estar inscrita correctamente en el Registro Mercantil". Su conclusión es que "no coinciden las cifras del capital aportadas con las del Registro Mercantil".

Sin embargo, el abogado Ghosn, los testigos Miguel Ángel Alonso, Nicolás Ortega e Inmaculada Íñigo (personal administrativo de la entidad, imagen de la derecha) reconocieron ante el juez que "al menos unas cuarenta veces" fue rechazada la nueva lista definitiva de accionistas por el Registro Mercantil porque "nos piden que se aclaren lo ocurrido con las anteriores, con las ampliaciones y reducciones de capital realizadas en la etapa anterior a la del consejo actual", en alusión también a las propias de Manuel García Navarro. "Pero esto nunca se hizo y el Registro no procede a actualizarla por el problema anterior".

Los consejeros actuales y la administrativa del club se esforzaron en demostrar ante el juez que estaban imposibilitados para resolver este asunto sobre el que gira la demanda y que habían heredado, aunque insistieron que "la participación de cada accionista está debidamente definida. En cada junta perdemos más de una hora comprobando la asistencia y leyendo a cada accionista presente en nuestras juntas". Se preguntaban por qué en la etapa de García Navarro eran válidas y no se cuestionaba y ahora en cambio sí.

EL RELEVO MURLY
Aquella asamblea de junio de 2010 tenía como único objetivo el relevo del auditor del club, por motivos de salud. Se aprobaba la incorporación de Murly Kesomal para este cometido, cuando ya Murly había sido hombre de confianza del consejo actual y anteriores, así como asesor de los avalistas del crédito salvador de la SAD (entre los que se encuentra el propio García Navarro) para informar sobre las actuaciones del órgano rector del club. "¿En qué perjudica el cambio del auditor?", se preguntaba Ramírez al no entender el objeto de la recusación de aquél.

García Navarro insistió ante el juez en la idea de que "las juntas de accionistas no son legales". Su ex compañero de consejo, Nicolás Ortega, llegaría un poco más lejos al explicarle al juez que "desde que no le dejamos seguir en la presidencia hace diez años, aunque posteriormente volvió al club, impugna las actuaciones del consejo".

El juez escuchó a todas las partes para dejar visto para sentencia esta pieza de un largo proceso que se eterniza. "La música suena bien, sólo falta la letra" se dijo después de una de las reuniones extrajudiciales en que parecía que el esfuerzo del club iba a contentar a todas las partes. Ya no queda música y la letra está en manos de Su Señoría.