T.A.

La UD Las Palmas presentó este viernes, fecha límite, sus alegaciones judiciales ante la demanda de embargo ejecutiva de cuatro millones de euros tramitada por el ex presidente de la entidad, Manuel García Navarro, y tres de sus empresas. Este era un trámite rutinario que ahora se extenderá a las actuaciones ante el juez de Lo Mercantil que instruye el expediente, López Villarrubia.

Mario Ghosn, abogado del club amarillo y ex consejero de la entidad, valoró en UDRadiosus impresiones optimistas de que el proceso acabe en buen fin, a la vez que censuró la actuación del ex presidente demandante que "generó sus propios créditos" en la etapa en que el club acabó inmerso en la Ley Concursal.

OCHO AÑOS DESPUÉS Y AÚN COLEA

Ghosn recordaba que este caso es el que "impide cerrarse el concurso de acreedores" pese a que el consejo de Miguel Ángel Ramírez habría sido escrupuloso en la cobertura de los acuerdos de la junta general de acreedores, salvo en el caso de aquellos consejeros o empresarios que, como Manuel García Navarro, expresaron la condonación de sus deudas. Pero ...

... El pasado 2 de noviembre se cumplieron ocho años de un proceso que aún está abierto. Aquel día de 2004, el agente de jugadores Iñaki Urquijo se presentaba en el Juzgado de lo Mercantil de la capital grancanaria con la solicitud de intervención judicial en la entidad amarilla, anticipándose al club que tenía las mismas intenciones para propiciar un concurso de carácter voluntario.

El entonces abogado y consejero de la UD Las Palmas, Agustín Ojeda, presentó su documentación en Reyes Católicos dos días después que el agente de futbolistas, por lo que la entidad perdió así la iniciativa en las actuaciones. En el origen del concurso, el club de fútbol estaba paralizado a causa de una deuda de 70.957.341 euros (y unos 12 millones más de intereses y costas) y con una hilera de 364 personas y entidades que reclamaban sus haberes económicos.

Pero la aparición de la Ley Concursal, en la que Pío XII aún se encuentra, fue una puerta hacia la salvación cuando el caso del club grancanario, pionero en el fútbol español, cayó en manos del juez Juan José Cobo Plana, quien el 4 de noviembre de 2004 declaró como concurso necesario el proceso. Una de las frases que marcaron aquella etapa la firmó el propio magistrado cuando, al comprobar los papeles bajo la alfombra de Pío XII, dijo que "si la UD se disuelve se celebrará el mayor juicio de la historia de Canarias".

LA PRIMERA MEDIDA

Miguel Ángel Ramírez recordó esta semana, al valorar los últimos acontecimientos, que una de las primeras actuaciones del juez de Lo Mercantil se produjo el 12 de enero de 2005, cuando Cobo Plana revocó las funciones y derechos del consejo de administración presidido por Manuel García Navarro. En aquellos momentos reunió también en un hotel capitalino a un total de 37 empresarios que estuvieron alguna vez vinculados a la entidad futbolística para poner en marcha algunos mecanismos económicos de salvación, expresándose con ellos con total crudeza.

Cobo Plana fue también un juez pionero en la Ley Concursal, interpretándola siempre con la idea de evitar la disolución de la sociedad. Su actuación fue de inmediato balsámica, al paralizar por orden judicial todos los embargos que padecía el club (incluso los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social), mientras los administradores concursales transmitían a los empleados deportivos y administrativos la garantía del pago de sus salarios. El primer ERE en la historia del club venía en camino.

LA JUNTA SALVADORA

Un año después, el 11 de enero de 2006, se celebraba la junta general de acreedores donde con un 66,74% de votos favorables la UD Las Palmas aprobó el convenio para el pago de una deuda que quedaba reducida a la mitad y que el club afrontaba con la financiación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

El proceso siguió su ruta pero no las incomodidades crecientes con García Navarro. El club nunca dejo tener piedras en el zapato que ahora reaparecen con un embargo cuya cantidad es inasumible para el club profesional. No obstante, al margen de las actuaciones judiciales, García Navarro y Miguel Ángel Ramírez mantendrán la próxima semana nuevos contactos en el intento de alcanzar una solución.

Si aparece un nuevo punto habrá que cruzarlo antes de que el agua sea desbordante.