Vivimos en un país en el que las cosas cambian porque se leen en los periódicos deportivos de tirada nacional. La Ley Concursal se ha modificado por la repercusión que tuvo en las Sociedades Anónimas Deportivas y todos los actores que rodean al mundo del fútbol hablaron y opinaron en los medios de comunicación deportivos. Realmente, el problema es que somos un país latino. No somos anglosajones: todo escrito y bien escrito -eso sí- haciendo hincapié en la letra pequeña. Y lo escrito en España data ya de más de tres décadas en lo que concierne al deporte.

El derecho y el deporte, las leyes y el fútbol en particular, han sido dos mundos paralelos. Me explico: siempre han sido dos mundos separados, parece haber habido un derecho del deporte y otro derecho para todos. Estamos llenos de leyes, tribunales, comités y reglamentos y, sin embargo, el deporte ha dicho "no te necesito" al mundo del derecho. Es más, cuando alguien del mundo del deporte acude al otro mundo nos enfadamos con él, sea club, entrenador, jugador, etc. ¿Por qué mundos separados? Estamos en un Estado de derecho, debemos crear pasarelas entre ambos mundos. Si hay colisión se requiere que se generen sinergias; sin embargo, se ha preferido mirar hacia otro lado. No hay que olvidar que no se está tan lejos de cuando se empezó a considerar a los futbolistas como trabajadores. Y eso pasó por la denuncia de "unos locos". Así se les vio por todos en aquel momento. Y lo único que hicieron fue decir: tengo un contrato laboral, yo soy, por lo tanto, trabajador.

Varias décadas después nos encontramos con una Ley del deporte totalmente descontextualizada y lo peor es que esa falta de adaptación a la actualidad deja a los clubes indefensos y sin ningún tipo de motivación para invertir en las categorías de base, en la formación. Es -sin duda- la metáfora de lo que se vive en la actualidad: una pérdida de valores y una incapacidad de aquellos que tienen legislar de crear sinergias y pasarelas de unión.

El problema radica en analizar si la naturaleza jurídica de la relación de la actividad desarrollada por formadores, monitores, preparadores físicos, técnicos deportivos, utilleros, masajistas, etc., para los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, podría considerarse marginal y, por ello, no debiera encuadrarse en el Sistema de la Seguridad Social. Y, claro, realmente alrededor de cualquier club hay muchísimas personas cuya labor altruista y voluntaria tiene elementos característicos que determinan el carácter laboral de los servicios, como por ejemplo, tienen horario, jornada, regularidad en asistencia a las instalaciones deportivas, desempeño de labores personales, sujeción a la disciplina del club, etc. Pero, realmente, muchos son voluntarios. Hay millones de personas en este país vinculadas al mundo del deporte que no reciben retribución salarial y, por lo tanto, deberían continuar excluidos del ámbito de aplicación de las normas laborales.

Los límites fronterizos entre el alta laboral y el contrato de voluntariado no son tan fáciles y, lo que es peor, es una calificación que aunque la otorgue el Club y el voluntario no determina la naturaleza jurídica de las mismas, por lo que no es vinculante, ni para la Administración, ni para los Tribunales.

Realmente, conociendo el panorama deportivo en general y del fútbol en particular no creo que el modelo de voluntariado sea suficiente para salvar una Inspección de Trabajo. Todo esto choca con la competencia leal y no sería lógico que al mercado salieran eventos, por ejemplo, de Campus de verano de cualquier deporte en el que la mayoría de las entidades deportivas, centros educativos, etc., cobran por desarrollar la actividad y oferten precios dispares porque unos utilizan los contratos de voluntariado para desarrollar la actividad y otros utilizan el contrato de trabajo a tiempo parcial en la actividad desarrollada. Igual pasa con las escuelas.

Pero no es un tema a centrarlo en nuestro archipiélago. En nuestro país no se está preparado a nivel estructural y económico para afrontar esta iniciativa de la Administración. Pero no se puede estar, porque el primer paso es que la Administración esté preparada para legislar y adaptar nuestras normas a los requerimientos del deporte actual. Y porque los que deciden son incapaces de sentarse con los actores del deporte, con todos ... En la actualidad es muy difícil para la mayoría de clubes de categorías de base seguir esta iniciativa, cuando simplemente justificar y contabilizar la compensación de gastos de una persona, que no sean periódicos ni uniformes, requeriría incorporar a más personal laboral y no deportivo dentro de esos clubes. Sinceramente, ¿es admisible en el 2014 que la Inspección de Trabajo excluya a los árbitros de la Seguridad Social y que el CSD remita dicho informe a las Comunidades Autónomas, y los clubes -mientras tanto- tengan que vivir la incertidumbre de si sus voluntarios lo son o no porque la relación no es vinculante para la Administración?