El fútbol español dio este 1 de mayo un paso de gigante con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

Un paso que hay que agradecer al Gobierno por su implicación en un sector muy importante para España, del que emanan ayudas al fútbol femenino y aficionado, al fútbol base, y a deportistas de otras modalidades que recibirán recursos procedentes de los ingresos que se obtengan de la venta de los derechos audiovisuales de los clubes y SADs que forman parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

Para un club como la UD Las Palmas supone un inmenso alivio. Nosotros contamos con el lastre económico de una deuda que deberemos afrontar hasta 2027, derivada de la financiación del pago del convenio de acreedores. No contábamos con otras cargas añadidas que hemos debido afrontar para cerrar el concurso diez años después de que se abriera, y que debemos satisfacer en esta temporada y las dos siguientes.

El verano pasado nos aferramos a la idea de que Dios aprieta, pero no ahoga, y el Gobierno decide ahora dar este paso que a buen seguro significará un aumento de ingresos de los derechos, al establecerse una estrategia común para el aumento de abonados a la televisión de pago y alcanzar una penetración similar al resto de países de la unión europea.

Para la Unión Deportiva, a la corta, y como efecto inmediato, esperamos que desde la próxima temporada (siempre que se consiga una acuerdo con Telefónica y Mediapro, que detentan los derechos para la temporada 15/16) ese incremento de ingresos se haga efectivo como si de un nuevo patrocinador privado se tratara, para cubrir compromisos añadidos para lograr el cierre del concurso, sin que se resienta significativamente el proyecto deportivo.

Este efecto regulador, en una visión más a la larga, permitirá a clubes como el nuestro, que en los últimos treinta años hemos militado mucho más tiempo fuera de la máxima categoría que en ella, que la diferencia de los ingresos percibidos por este concepto se acorten frente a los dos clubes más importantes del mundo, Real Madrid y FC Barcelona, y frente a otros que están en un segundo escalón, pero con aspiraciones siempre a disputarles títulos, como Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Athletic de Bilbao... Esta temporada, la diferencia de ingresos televisivos entre un equipo recién ascendido y los grandes es de 7 a 1. En el Real Decreto se establece literalmente que "la diferencia entre los clubes que más y menos ingresen no podrá ser superior a 4,5 veces", con este nuevo esquema que prevé obtener entre 250 y 300 millones de euros más de lo obtenido actualmente en venta individualizada con distintos operadores.

Si la venta colectiva de los derechos alcanza en próximas temporadas los 1.500 millones de euros (escenario en el que ya se lleva más de un año trabajando y que deberemos seguir trabajando los próximos) la diferencia se acorta, por ley, a 3,5 veces. Hablando en cristiano: en el ámbito nacional, los equipos recién ascendidos tendrán más posibilidades de mantener la categoría que hasta la fecha.

Pero no me gustaría dar una visión únicamente local, próxima, vista en amarillo. Si atendemos al ámbito internacional, y a pesar de que otras ligas nos llevan años de ventaja, en pocas temporadas contaremos con más equipos españoles solventes en competiciones europeas. Para ilustrar esta realidad, un dato: el equipo de Liga BBVA que menos cobra por derechos audiovisuales percibe en torno a los 17 millones de euros. El equipo de la Premier que menos cobra percibe cien , aunque no podemos comparar dos mercados diferentes Inglaterra con 15 millones de abonados a la televisión de pago y nosotros con cerca de 5 millones de abonados, si no luchamos contra la piratería y nos concienciamos, nunca nos acercaremos a la Premier.

Felicito, por otro lado, la idea del Gobierno, y más concreto del Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, de dar un sesgo solidario y social al RD con un reparto que trasciende el fútbol profesional. Aunque son los clubes/SAD los titulares de los derechos, el texto legal impone la cesión del 1% a la RFEF por la Copa del Rey que hasta ahora no percibía y otro 1% para el estamento federativo (a la que la LFP ya aporta casi 15 millones anuales, sin contar el coste de los arbitrajes), con la obligatoriedad de que llegue ese dinero a las Territoriales, como la Interinsular de Las Palmas, para ayudas al fútbol base.

Otro 1% se destina al CSD para pagar la seguridad social de deportistas de élite de otros deportes minoritarios (se calcula que más de 2.000 deportistas de élite se beneficiaran de este 1%), otro O,5% adicional para los equipos femeninos de Primera División y masculinos de Segunda B, sindicatos de jugadores (la LFP ya aporta 2 millones de euros anuales a AFE), árbitros, entrenadores y preparadores físicos.

En resumen, se trata de una decisión histórica una herramienta legal eficaz para reposicionar a la Liga española en Europa, que beneficia al fútbol aficionado y a otros deportes sectores. Según refleja el propio RD, un 67,4% de los españoles se declara simpatizante de algún equipo de fútbol profesional. El 75% ve siempre que puede a su equipo por televisión. Más de 13 millones de personas asistieron a estadios de Liga BBVA o Liga Adelante la pasada temporada. Las audiencias televisivas de La Liga española superaron los 210 millones de espectadores. El fútbol genera en España 144.000 empleos a tiempo completo, y contribuye con casi 3.000 millones de euros a través de impuestos a la arcas del Estado. De ahí que una de las razones más importante para que el Gobierno se haya decidido a regular y ordenar la percepción de estos ingresos es la importante implantación social del fútbol, por lo que cualquier herramienta que aumente su capacidad para generar actividad económica es positiva para el conjunto del país. Pero creo que ha sido también determinante la instauración en el seno de la Liga de un control económico que ha logrado reducir la deuda global en los últimos años y evitar gestiones temerarias.

(Reproduccióndel artículo publicado en Iusport.com)